Etiquetamiento Social.

    Como doctrina en los años 60, se desarrollo “El Etiquetamiento”, los criminólogos, la definieron como aquellas personas que han desplegado un comportamiento desviado, teniendo sus repercusiones sociales al punto que son tomados en cuenta por los organismos de seguridad y el sistema de justicia.

           

            Etimológicamente, la palabra estigma proviene del griego “Stigma” que significa marca o señal impresa en el cuerpo del reo, para indicar que ese individuo era repudiable ante la sociedad.

            La estigmatización es un gran problema social, los principales representantes del etiquetamiento son aquellos que ostentan poder, la aplican originando una imagen negativa, la cual la sociedad reacciona formando modelos de conductas desviadas. Esto sucede cuando los organismos de seguridad aprehenden a una persona y lo exponen a los medios sociales con seudónimos en algunos casos inventados, alimentando también al amarillismo periodístico, esto es la práctica del “etiquetamiento”.

            “La Ley Sobre Vagos y Maleantes”, ley derogada, pero nos da un ejemplo claro cuando el propio estado (quien ostenta el poder) crea estereotipo, etiqueta a los seres humanos de “Vagos” y “Maleantes”, registrándolos con antecedentes penales, sin tener una sentencia que lo considere culpable de un hecho punible.

Igual pasa cuando son registrados por ante el cuerpo de investigaciones, científicas, penales y criminalística, al momento de una detención,  así sea por un delito menos graves son “tatuados”, grabados, convirtiéndose en un castigo accesorio (que no está prevista en ninguna ley), causando en el individuo un resentimiento social, cambia inconscientemente su relación con las demás ante quienes aparece ya como indigno de confianza, empujándolo hacia grupos desviados donde se sienten apreciados, arrastrándolos hacia una carrera criminal.

Como colofón, todos como parte del estado, debemos aportar para lograr la verdadera reinserción de aquellas personas que en algún momento desviaron su andar, los dueños de compañías no debe complicar la obtención de trabajo a alguna persona que tenga algún registro policial, no hacerlo, infringiríamos con nuestra constitución cuando establece “(…) No se permitirá discriminaciones fundadas en la condición social (…)”