domingo, 2 de abril de 2017

Sentencias 155 y 156



¿Se recuerda a los días del 11 y 12 de abril de 2002?, se realizo un golpe de estado por parte de las fuerzas opositoras de entonces, derogando todos los poderes del estado, y fue el pueblo conjuntamente con fuerzas militares quienes restituyeron en menos de 48 horas, el estado de derecho, por cierto el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) manifestó que solo había ocurrido un “Vacío de Poder”. Cosa absurda ya que fue público y comunicacional, como se orquesto el quebrantamiento de nuestra Constitución.
En las mismas circunstancias solo duraron 48 horas, las sentencias 155 (que tiene que ver con la inmunidad parlamentaria) y 156 (el Poder Judicial asumiría las competencias y funciones de la Asamblea Nacional), publicadas el 28 y 29 de marzo de este año, pasaran a la historia, de cómo un Poder Nacional prácticamente extermina a otro, nunca antes visto en la historia jurídica, menoscabando los postulados de grandes pensadores como Montesquieu, en donde señala claramente la separación de poderes, “para prevenir que una rama del poder se convirtiera en suprema (…)”
No es casual el recule de parte del gobierno nacional, ya que esta decisión apareció luego de la discusión del Consejo de Defensa de la Nación que convocaba al exhorto al Poder Judicial para la revisión de las citadas sentencias (155 y 156), que desencadenaron una convulsión en el país luego de declaraciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, para que ‘reflexionaran’ por cuanto estamos en una “ruptura del Orden constitucional y democrático” del país.
A mí juicio pone en manifiesto las torpezas que pueden ocurrir cuando se tiene poder, esa torpeza es pretender doblegar la norma, el TSJ (Sala Constitucional) quienes son los competentes para el control de la constitucionalidad, quedaron muy mal, ya que ellos son los juristas más brillantes (deberían) que tenemos e hicieron estallar a nuestro país en protestas y posibles sanciones internacionales en contra de mi Venezuela.
Aclarando de oficio el contenido y suprimiendo dos decisiones: la referente a la inmunidad parlamentaria y la que le da a la Sala Constitucional las competencias de la Asamblea Nacional no acomoda nada.
En último lugar, la única salida viable que veo para la estabilidad de nuestro país es que se convoque elecciones generales para renovar todas las autoridades, no podemos seguir improvisando dentro de la política.

domingo, 26 de febrero de 2017

¿Qué es un Imputado? Parte V.




El Código Orgánico Procesal Penal (COPP), Artículo 127. “El imputado o imputada tendrá los siguientes derechos: (…)
    4.- Ser asistido o asistida gratuitamente por un traductor o traductora o intérprete si no comprende o no habla el idioma castellano. (…)

El numeral 4 del artículo 127 COPP, garantiza a toda persona nacional o extranjera colocarla en igualdad de condiciones, cuando se le permite gratuitamente un traductor o interprete a los fines que puede entender perfectamente el idioma oficial (castellano) y así realizar una verdadera defensa, pudiéndose comunicar con su defensor técnico a los efectos de facilitar su trabajo.

 5.- Pedir al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen.

Nos ilustra que solamente a través del titular de la acción penal (Ministerio Publico. Art. 11 del COPP), se puede solicitar todas las diligencias para desvirtuar la comisión de un hecho punible, quien está obligado a ejercerla en la fase investigativa del proceso penal, practicando las diligencias tendientes a investigar, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación.

El principio de legalidad es el regulador de la actuación la cual comporta que el Ministerio en nombre del Estado, debe dirigir su actividad a la búsqueda de la verdad, lo cual comporta la investigación no sólo aquello que incrimine al imputado sino también todo aquello que lo exculpe, en tal sentido la Dra. Magaly Vásquez ha señalado:

“... Los actos de investigación son diligencias realizadas con el fin de esclarecer el hecho delictivo...”  (Magaly Vásquez Sextas Jornadas de Derecho Procesal Penal).


Sin embargo, hay que tener presente que solo la proposición de diligencias que efectué el imputado no implica que las mismas se llevaran a cabo por parte del Ministerio Publico, pero sí que éste estará obligado a recibirlas y analizarlas a fin de ponderar su pertinencia, para luego efectuarlas o negarlas, caso en el cual deberá expresar motivadamente las razones de su opinión contraria ya que la denegación de la práctica de la diligencia solicitada constituirá una violación del derecho a la defensa si la decisión no es razonable o no está suficientemente motivada.

¿Qué es un Imputado? Parte IV.



El Código Orgánico Procesal Penal, Artículo 127. “El imputado o imputada tendrá los siguientes derechos: (…)
3.    Ser asistido o asistida, desde los actos iníciales de la investigación, por un defensor o defensora que designe él o ella, o sus parientes y, en su defecto, por un defensor público o defensora pública (…)”

Este derecho tiene su fundamento en el artículo 44.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “La libertad personal es inviolable, en consecuencia:

2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, (…)”

Desde el inicio de alguna investigación o apenas este detenido una persona, la autoridad que lo retiene debe informarle que tiene derecho a ser asistido por un defensor (público o privado), la garantía de una defensa es el cumplimiento del debido proceso por tanto, esa inobservancia, implica que hubo una violación a su derecho, por no haberle advertido un derecho fundamental, es decir hubo un engaño, mas aun cuando en actas pudiera reflejar que el mismo colaboro con la autoridad, lo que estaríamos en presencia de un vicio de nulidad absoluta.


De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el derecho a la asistencia de un defensor es elemental para instruir o probar que se le informo de manera clara de los hechos ilícitos atribuidos, el defensor en la etapa iniciar en ningún momento se le debe restringir su derecho a la asistencia antes los cuerpos de seguridad, alegando que los letrados no están juramentados, ojo es solamente asistencia, que si se puede perfectamente realizar.