sábado, 4 de noviembre de 2017

Examen y Revisión de Medida.




Cuando el tribunal competente asume que se debe asegurar al imputado o imputada a través de la Privación Judicial Preventiva de Libertad, por cuanto están dadas las condiciones establecidas en el artículo 236 de nuestra norma adjetiva, entre ellas los fundados elementos de convicción que estiman al imputado o imputada ha sido autor, o participe en la comisión de un hecho punible, este (imputado o imputada) tiene un mecanismo para que se examine y revise la Medida impuesta

Artículo 250 Código Orgánico Procesar Penal (COPP). “El imputado o imputada podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez o Jueza deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación.”

Cuando es solicitado por una de las partes (Ministerio Publico, Defensa o/y Imputados), este debe fundamentar necesariamente una evidente variación de las circunstancias que sirvieron de base para dictar la medida privativa judicial preventiva de libertad, cabe matizar que las diligencias de investigación direccionadas por parte del Ministerio Publico, han transformado las circunstancias de hecho y derecho razonando que están dada todas las condiciones de ley para otorgarle una medida menos gravosa, ejemplo de ello, sería el resultado de una Rueda de Reconocimiento del imputado (Articulo 216 COPP) en donde la víctima o testigo directo de los hechos, conociendo las características perfectamente haya manifestado que no reconoce o tenga dudas en el reconocimiento.

Igualmente podemos ilustrar, cuando en las actas policiales iníciales se encuentran declaraciones de víctimas y testigos y cuando estas son re entrevistadas en la sede del Ministerio Publico, narran hechos totalmente distintos en donde se delata la mala actuación de algunos funcionarios que necesariamente equivaldría un examen y revisión de la medida.

Del mismo modo seria una variación de las circunstancias la estabilidad emocional o enferma del detenido, es decir cuando una persona esta evidentemente enferma a tal grado que no pudiera convivir con la población carcelaria, esto es para garantizar el derecho que tienen a la salud de conformidad con el artículo 83 Constitucional.

La solicitud de examen y revisión de medida, por parte del imputado o imputada la puede realizar en cualquier momento, estado y grado del proceso y  con sustento con la Sala Constitucional, Exp 11-0243, Sentencia 831, 03/07/2013 esta debe ser resuelta por el tribunal dentro de los 3 días siguientes a su presentación aun cuando esté pendiente la celebración de la audiencia preliminar Señaló la Sala que en las actuaciones escritas las decisiones deben dictarse dentro del lapso de tres días siguientes, cuando las mismas no sean solicitadas en audiencias orales. De modo que, no le es permitido a los juzgados diferir el pronunciamiento de las solicitudes de revisión de la medida de coerción personal para la oportunidad de la celebración de la audiencia preliminar, ya que en la práctica esa audiencia, en algunas oportunidades, no se realiza inmediatamente por causas imputables a las partes intervinientes dentro del proceso penal.

sábado, 14 de octubre de 2017

La sentencia Absolutoria.





La sentencia Absolutoria, es la única entidad jurídica que se da una vez cerrado el debate de juicio oral, que significa la cesación de las medidas cautelares, la restitución de los objetos afectados al proceso que no estén sujeto a comiso, si la persona esta privado de libertad, se otorgara la libertad aun cuando la sentencia absolutoria no esté firme.

Antes de llegar a esta sentencia se debe recorrer por el sistema de valoración de las pruebas conforme a la sana crítica, que reclama a los jueces inteligencia, sentido común y sensibilidad humana y social, siendo así contenido en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Jueces inexpertos, o novatos, o ignorantes, o sometidos a poderosos intereses o apremiados de un salario, nunca valoraran la prueba con criterio razonado.

Absolver al imputado implica que el juez en su parte narrativa debe motivar que los hechos atribuidos no ocurrieron,  o no se demostró, aplicando las reglas de la lógica y las máximas experiencias, es una muestra promedio de la razón humana, aun cuando en Venezuela aun no se ha implementado  (en la práctica) la videograbación de los juicios, en donde se evidenciaría situaciones que no son dejadas en actas, como el sudor en la frente del declarante (testigos, expertos o imputados), los nervios, las pausas, lo probo, lo eficaz, que necesariamente debe el juez valorar y por supuesto motivar su razonamiento en la sentencia.

No obstante, ante la sentencia Absolutoria tenemos el efecto suspensivo de la libertad, fundamentado en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal que el Dr. Eric Pérez Sarmiento en su Libro cometarios del Código Orgánico Procesal Penal fundamenta dos razones para que no sea aplicable “…La primera de ellas es de índole exegética, pues este articulo 348 del COPP no contiene excepciones ni restricciones y la segunda es de orden lógico, pues absuelto en juicio, superando todos los escollos, incluso jueces dirigidos por control remoto, con pruebas manidas o que no son tales, como las que suelen abundar por aquí o a despecho de una opinión pública crispada por la prensa vocinglera…”

En síntesis, la absolución tiene una serie de secuelas jurídicas muy importantes. Finaliza toda medida que se hubiera adoptado para evitar la posible fuga del acusado, devolución de los objetos incautados y fijación de las costas procesales. Conjuntamente, la absolución por sentencia firme también supone que se pueda utilizar la excepción de cosa juzgada. Ésta excepción prohíbe que se pueda volver a juzgar a la misma persona del mismo delito por los mismos hechos.

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04141496119

El Abigeato.






El abigeato, es un término que se utiliza en el coloquio para referirse al delito que consiste en el robo o hurto de ganado, grave problema para los productores ganaderos que han tenido grandes pérdidas económicas a consecuencia de los cuatreros o abigeos (El ladrón de ganado recibe el nombre de cuatrero o abigeo.).

A consecuencia del abigeato se empezaron a dictar leyes, obligando al registro de los hierros de marca incluyendo las señales, marcas o piquetes en las orejas, para facilitar la identificación del animal y el establecimiento de su criador y propietario. Los animales sin hierro y sin señales auriculares se consideran realengos u orejanos.

Debemos tener presente el uso y las costumbres que se recogen partes de ellas en la Ley de Llanos, de 1932, regulando el empadronamiento de ganado, su hierro y señal, ordenando el enjuiciamiento por el delito de hurto de aquellos que “cachapearen”, herraren o contraherraren, animales ajenos. Una de sus disposiciones más importantes es la declaración de obligatoria a la cerca de alambre de las propiedades ganaderas, para la seguridad de los ganados.

Sobre este tema del abigeato, tenemos en vigencia,  LA LEY PENAL DE PROTECCION A LA ACTIVIDAD GANADERA (Gaceta Oficial N° 5.159 Extraordinario de fecha 25 de julio de 1997), importante destacar que en su artículo 2, se considera: GANADO MAYOR: Las especies bovinas, bufalinas, équidos y otras similares. GANADO MENOR: Las especies ovinas, caprinas, suidos, avícolas, cunícolas, apícolas y cualquier otra especie comercial que sea tratada como población manejada.

En la ley supra mencionada, se castiga hasta con dieciséis (16) años de presidio, quien mediante violencia o amenaza de graves daños inmediatas a personas a mano armada o por varias personas, haya constreñido al dueño, detentor o a otra persona presente en el lugar del delito, a que se le entregue o se apodere de una o varias cabezas de ganado, que formen o no parte de un rebaño. (Robo de Ganado)

Hasta con diez (10) años de prisión a quien se apodere de una o varias cabezas de ganado ajeno que forme o no parte de un rebaño sin consentimiento de quien deba darlo, apreciando si abuso de la confianza del dueño o encargado, si han dañado cercas, disfrazadas, por dos o más personas, por funcionario público. (Hurto Calificado de Ganado).

De la misma manera se castiga hasta con seis (06) años de prisión, quien adquiera, reciba o de alguna manera gestione o participe para que se adquieran o reciban bienes provenientes de ganado robado, hurtado o de subproductos de los mismos, sin haber tomado parte en el delito. (Beneficio de ganado ajeno).