jueves, 11 de mayo de 2017

Asamblea Nacional Constituyente.

     


Sin duda alguna es el tema que capta la atención de todos los venezolanos, y los juristas del país deben tener la frescura para analizar y explicar claramente

¿En qué consiste la Asamblea Nacional Constituyente?

En transformar el Estado, crear un ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Así de sencillo lo establece el artículo 347 CRBV.

A diferencia de la Constitución de 1961 que no establecía esta figura, el  ex - presidente Hugo Chávez, debió llamar a un referéndum consultivo a los fines de preguntarle al soberano ¿si estaba o no de acuerdo con la creación de una nueva constitución?.  La actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)  establece  en cuatro artículos (347, 348, 349 y 350)  el núcleo de la Asamblea Nacional Constituyente

Ya el presidente de la República activo la iniciativa establecida en el artículo 348 CRVB, se debe esperar que la comisión presente los fundamentos precisos para hacer una convocatoria formal, se debe sumar todo el país a conocer y a participar, indistintamente que la comisión sea de una postura política, hasta ahora es totalmente constitucional, legal y vigente.

Ya nuestro país tiene experiencia en este tipo de escenario, nuestra carta política vigente es nacida a través de una constituyente, el deber ser es tomar de referencia lo que se hizo anteriormente y que sea el pueblo quien elija sus diputados constituyentitas con reglas de juego claros, precisos, pero esto se logra es con el debate y participación del pueblo, esto implica a todos los sectores políticos se involucren (blancos, verdes, rojos, azules, morados), no sean mezquinos vayan a debatir esos fundamentos.

Con el debate de la nueva constitución en ningún momento los poderes públicos pierden vigencia, pero tácitamente ponen el cargo a la orden a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente (Art. 349 CRBV).


 “(…) El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos (…) Del Artículo 350 CRBV transcrito, se puede observar las limitantes que tiene la nueva constitución, no puede contrariar los valores, principios y garantías democráticas o menoscabar los derechos humanos, si se produjera el pueblo de Venezuela debe desconocer el régimen.

domingo, 2 de abril de 2017

Sentencias 155 y 156



¿Se recuerda a los días del 11 y 12 de abril de 2002?, se realizo un golpe de estado por parte de las fuerzas opositoras de entonces, derogando todos los poderes del estado, y fue el pueblo conjuntamente con fuerzas militares quienes restituyeron en menos de 48 horas, el estado de derecho, por cierto el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) manifestó que solo había ocurrido un “Vacío de Poder”. Cosa absurda ya que fue público y comunicacional, como se orquesto el quebrantamiento de nuestra Constitución.
En las mismas circunstancias solo duraron 48 horas, las sentencias 155 (que tiene que ver con la inmunidad parlamentaria) y 156 (el Poder Judicial asumiría las competencias y funciones de la Asamblea Nacional), publicadas el 28 y 29 de marzo de este año, pasaran a la historia, de cómo un Poder Nacional prácticamente extermina a otro, nunca antes visto en la historia jurídica, menoscabando los postulados de grandes pensadores como Montesquieu, en donde señala claramente la separación de poderes, “para prevenir que una rama del poder se convirtiera en suprema (…)”
No es casual el recule de parte del gobierno nacional, ya que esta decisión apareció luego de la discusión del Consejo de Defensa de la Nación que convocaba al exhorto al Poder Judicial para la revisión de las citadas sentencias (155 y 156), que desencadenaron una convulsión en el país luego de declaraciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, para que ‘reflexionaran’ por cuanto estamos en una “ruptura del Orden constitucional y democrático” del país.
A mí juicio pone en manifiesto las torpezas que pueden ocurrir cuando se tiene poder, esa torpeza es pretender doblegar la norma, el TSJ (Sala Constitucional) quienes son los competentes para el control de la constitucionalidad, quedaron muy mal, ya que ellos son los juristas más brillantes (deberían) que tenemos e hicieron estallar a nuestro país en protestas y posibles sanciones internacionales en contra de mi Venezuela.
Aclarando de oficio el contenido y suprimiendo dos decisiones: la referente a la inmunidad parlamentaria y la que le da a la Sala Constitucional las competencias de la Asamblea Nacional no acomoda nada.
En último lugar, la única salida viable que veo para la estabilidad de nuestro país es que se convoque elecciones generales para renovar todas las autoridades, no podemos seguir improvisando dentro de la política.

domingo, 26 de febrero de 2017

¿Qué es un Imputado? Parte V.




El Código Orgánico Procesal Penal (COPP), Artículo 127. “El imputado o imputada tendrá los siguientes derechos: (…)
    4.- Ser asistido o asistida gratuitamente por un traductor o traductora o intérprete si no comprende o no habla el idioma castellano. (…)

El numeral 4 del artículo 127 COPP, garantiza a toda persona nacional o extranjera colocarla en igualdad de condiciones, cuando se le permite gratuitamente un traductor o interprete a los fines que puede entender perfectamente el idioma oficial (castellano) y así realizar una verdadera defensa, pudiéndose comunicar con su defensor técnico a los efectos de facilitar su trabajo.

 5.- Pedir al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen.

Nos ilustra que solamente a través del titular de la acción penal (Ministerio Publico. Art. 11 del COPP), se puede solicitar todas las diligencias para desvirtuar la comisión de un hecho punible, quien está obligado a ejercerla en la fase investigativa del proceso penal, practicando las diligencias tendientes a investigar, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación.

El principio de legalidad es el regulador de la actuación la cual comporta que el Ministerio en nombre del Estado, debe dirigir su actividad a la búsqueda de la verdad, lo cual comporta la investigación no sólo aquello que incrimine al imputado sino también todo aquello que lo exculpe, en tal sentido la Dra. Magaly Vásquez ha señalado:

“... Los actos de investigación son diligencias realizadas con el fin de esclarecer el hecho delictivo...”  (Magaly Vásquez Sextas Jornadas de Derecho Procesal Penal).


Sin embargo, hay que tener presente que solo la proposición de diligencias que efectué el imputado no implica que las mismas se llevaran a cabo por parte del Ministerio Publico, pero sí que éste estará obligado a recibirlas y analizarlas a fin de ponderar su pertinencia, para luego efectuarlas o negarlas, caso en el cual deberá expresar motivadamente las razones de su opinión contraria ya que la denegación de la práctica de la diligencia solicitada constituirá una violación del derecho a la defensa si la decisión no es razonable o no está suficientemente motivada.